Activismo femenino que rinde sus frutos: un caso exitoso para los trabajadores agrícolas en México

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Cualquier persona en Estados Unidos que haya comido fresas, arándanos, pepinos o tomates ha consumido sin duda productos provenientes del Valle de San Quintín, una rica región agrícola ubicada en la costa noroeste del estado mexicanos de Baja California. San Quintín emplea a decenas de miles de trabajadores agrícolas o jornaleros a quienes se les ha negado incrementos salariales y prestaciones incluyendo aquellas que les corresponden por ley. En marzo del 2015, sus frustraciones llegaron al límite y se desbordaron en una huelga masiva -un paso dado en gran parte por los esfuerzos y la determinación de las mujeres jornaleras.

Los huelguistas abandonaron el campo durante el momento cúspide de la temporada de cosecha, hicieron una lista de peticiones incluyendo el aumento al pago diario a 200 pesos (unos $13 dólares norteamericanos), mejor acceso a servicios de salud y el cese inmediato del acoso y abuso sexual a las mujeres trabajadoras. También obstruyeron el paso vehícular en la carretera transpeninsular, que es la arteria principal para la llegada de la mercancía a los mercados de importación en los Estados Unidos, logrando paralizar la economía agrícola de exportación de todo el estado.

La policía respondió disparando gas pimienta y balas de goma contra los manifestantes; más de 200 fueron detenidos y cientos resultaron heridos. Las imágenes de las enérgicas medidas fueron tomadas en los celulares de los manifestantes y pronto se reprodujeron de manera viral en la red. Semanas después las autoridades accedieron a permitir que los trabajadores se organicen en sindicatos independientes a los ya existentes -cercanos al partido político en el poder. Sin embargo, los huelguistas continuaron buscando reformas más estructurales.

El nueve de mayo, policías estatales fuertemente armados entraron a los hogares de los jornaleros de San Quintín sacando a muchos arrastrando, exigiendo que les dijeran los nombres y paraderos de los líderes de la huelga. A pesar de que la policía asegura que dispararon balas de goma durante el enfrentamiento, los videos compartido por los propios trabajadores en YouTube muestran casquillos de bala regados en los pisos de tierra de sus hogares. Unas 70 personas resultaron heridas, entre ellas mujeres y niños.

Las tensas negociaciones continuaron hasta que los huelguistas llegaron a un acuerdo el 14 de mayo, el cual aprueba un incremento salarial de entre $9.50 y $1.50 dólares al día, garantiza el pago de horas extras y la inscripción en el servicio médico, se garantizó el reconocimiento legal al nuevo sindicato y un fondo para mejorar las condiciones de vivienda de los trabajadores.

Un caso emblemático en la huelga que terminó el 4 de junio y un momento parteaguas en el movimiento de los trabajadores en todo México. Sin embargo, el trato no es un contrato legal y aún queda por verse que tanto el gobierno como los empresarios cumplan lo que éste estipula.

Durante las últimas dos décadas, el Valle de San Quintín se ha vuelto una de las zonas agrícolas más importantes del país. La mayoría de los 70 campos de cultivo en la zona son propiedad de unas 24 compañìas, la mayoría de estas con claros vínculos al gobierno.

Las dos compañías más grandes son Berrymex, filial de la compañía norteamericana Driscoll´s y Los Pinos, cuyos dueños tienen claros lazos políticos con el partido Acción Nacional- al que pertenece el gobernador actual de Baja California.

En San Quintín, 62 por ciento de todas las mujeres mayores de 12 años trabajan en los campos. Emilia empezó a piscar fresa a la edad de 12 años, como lo hizo su madre. Ahora tiene 28, está casada y es madre de tres hijos de 11, 7 años y 18 meses, trabaja en Berrymex piscando frambuesas. No le permiten usar guantes de hule porque la fruta puede dañarse con este material. Cada noche, Emilia se saca las espinas del arbusto de frambuesas con una aguja que limpia con la flama de una vela. Sus heridas arden cuando lava los platos o hace tortillas. “Pero eso piden los americanos. Piden más calidad, mejor calidad, lo mejor siempre lo mejor y tenemos que tener cuidado con la fruta para que esté bonita, intacta, como para foto”, explica.

Además de las precarias condiciones de trabajo que comparten con sus compañeros varones, las mujeres jornaleras enfrentan la amenaza adicional de acoso sexual y violencia en el trabajo. Los informes de dichas agresiones datan de la última huelga en San Quintín en 1988. La mayoría de los dueños de los campos y los supervisores son hombres, mientras que los jornaleros suelen ser mujeres jóvenes -pobres, indígenas, migrantes, con poca educación formal. Esta condición hace fácil que sean presa de aquellos en posiciones de poder que piden favores sexuales a cambio de la contratación de algún familiar varón o ofreciendo un aumento a la propia mujer, a su padre, hermano o marido.

Teresa Córdoba es una mujer indígena Triqui originaria de Oaxaca que lleva 15 años trabajando en los campos. Mira fijamente el piso al recordar la última vez que un supervisor le exigió favores sexuales a cambio de que conservar su trabajo. Su voz apenas es un susurro mientras describe lo que el hombre le quería hacer. Madre soltera de tres hijos, ella cree que los supervisores presionan más a mujeres como ella porque saben que necesitan desesperadamente tener trabajo. “Ni los hijos de los dueños son tan crueles”, dice.

Las autoridades, incluyendo la Secretaría del Trabajo, desestiman la gravedad de los casos. Mientras tanto, Fernando Rodriguez, presidente de Los Pinos, asegura que él no ha escuchado de un solo caso de acoso sexual o abuso en su compañía. “Estuvimos preguntando cuántos casos habían sido interpuestos y encontramos que solo siete este año, y ninguno es de Los Pinos”, insiste Rodriguez, agregando que él tomaría acciones inmediatas si algo así estuviera ocurriendo en su compañía.

Pero en México las leyes pueden ser ignoradas si se es poderoso, como explica José Abraham, uno de los trabajadores en huelga. Dice que las inspecciones son una burla porque los inspectores y los dueños están coludidos para ignorar cualquier falta a la ley. “Los inspectores vienen a la planta seguido, y esos días todo es perfecto: ese día usamos guantes, ese día hay papel en el baño, ese día limpian los baños. Los dueños saben cuando van a venir. Los inspectores recorren la planta y le dicen a los trabajadores “si tienes una queja ven a la oficina” ¿pero quién va a entablar una queja con el gobierno contra tu empleador si es obvio que son lo mismo?, ¿si te arriesgas a que te corran nomás así?”

Aunque los jornaleros enfrentan grandes obstáculos para obtener sus metas, las acciones de los trabajadores siguieron ganando fuerza en gran parte por los esfuerzos de trabajadoras como Emilia y Teresa -ambas han presionado sin tregua para mejorar las condiciones de vida de su comunidad. Durante la huelga de 1988, la mayoría de los trabajadores migrantes indígenas se establecieron en el valle y formaron una serie de comités de barrio, liderados por mujeres, debido en parte a que el trabajo comunitario es visto como una extensión del trabajo doméstico.Al principio los comités pidieron agua potable, escuelas para los niños, pero 25 años después son estas mujeres son la fuerza detrás del movimiento, exigiendo acceso a la salud reproductiva y atender la violencia doméstica.

Emilia pertenece a un comité y fue así como se sumó a la huelga. Su esposo, con quién se casó a la edad de 14 años, sigue en su trabajo de guardia de seguridad. Èl se quedó en la casa con sus hijos mientras ella se fue en un camión con otros jornaleros hasta la capital del estado, Mexicali, donde la entrevistaron en televisión sobre su testimonio de acoso sexual en los campos. Al regresar a San Quintín descubrió que no tenía trabajo. “El supervisor me dijo a mi que ya no había vacantes, pero mis amigas me dijeron que les dijo “¿ya vieron a su amiga en la televisión? ya no trabaja aquí porque tiene ganas de ser estrella en la televisión”, cuenta Emilia

Los roles de género que desempeñan las mujeres indígenas continúa evolucionando y en expansión, generando líderes visibles del movimiento, como Lucila Hernández, una defensora de los derechos de las mujeres, fundadora de la Casa de la Mujer Indígena en San Quintín. “¿De que nos sirve tener seguro médico para los trabajadores si no hay especialistas? ¿si las mujeres en labor de parto se me mueren en los brazos cuando las llevamos a Ensenada que está a tres horas de aquí?”reclamó. Margarita Cruz es la directora en funciones de la casa y fue quién alertó a los medios y a los defensores de los derechos humanos sobre los atropellos cometidos por la policía estatal durante su entrada en Mayo pasado. Días después del incidente fueron Hernandez y Cruz quienes recorrieron los hogares violentados, acompañados de seis miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para documentar los señalamientos de brutalidad policiaca contra los jornaleros y sus familias durante la huelga.

Fidel Sánchez es uno de los líderes más visibles del movimiento, ha hablado de la carga injusta que llevan las mujeres. “Es triste ver a nuestras compañeras levantarse a las 3 de la mañana para hacer comida para los niños antes de que se vayan a la escuela, comidas para ellas, para sus maridos, todo antes de las 5 de la mañana que se van a trabajar. Regresan a las 7 de la noche y hacer lo mismo, cuidar a los niños, atender al marido, empiezan a lavar a las 8, 9, 10 de la noche”.

Sánchez es parte de una generación de líderes que en los últimos años han participado o han sido líderes de huelga en Florida, California y Oregón durante su estancia como trabajadores temporales. El haber experimentado de primera mano los triunfos de los trabajadores en Estados Unidos les ha permitido aplicar esas enseñanzas a este movimiento laboral. También han desarrollado una red de recursos y contactos con organizaciones de justicia social al norte de la frontera que ha resultado una red apoyo económico, moral y político. El Sindicato de Trabajadores Agrícolas de América (United Farmworkers of América) fundado por César Chavez, El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales que trabaja por los derechos de los trabajadores agrícolas en ambos lados de la frontera respaldan públicamente la huelga en San Quintín. Grupos activistas de Estados Unidos se han dedicado a educar a los consumidores sobre las condiciones en las que trabaja la gente que cultiva los productos en México. Algunos consumidores han pedido a las tiendas dejar de comprarle a Dricoll’s y han llamado a un boicot en redes sociales usando las palabras #fresas de Sangre y #esclavifresas.

La atención internacional y el apoyo externo a la huelga sin duda contribuyó grandemente a su exitoso resultado y seguirá siendo clave para asegurarse de que los términos del acuerdo de Junio entren en vigor. “ (las compañías agrícolas) pueden decir que somos unos indios sucios, pero gracias a estos “indios sucios” tienen el poder y la riqueza, se compran carros nuevos, comen bien y nosotros no. Gracias a nosotros tienen todo eso y queremos que lo sepan”, dice Emilia con una nueva sensación de orgullo.