En Peligro: Las Periodistas en México

Las periodistas mujeres se enfrentan con frecuencia a desafíos en el trabajo que sus colegas del sexo opuesto carecen.

Estos desafíos varían desde un potencial asalto sexual durante la cobertura de una nota, hacia actitudes y prácticas culturales que dificultan la prevención, así como también la discriminación en las redacciones que termina otorgándoles a las mujeres las peores asignaciones. Además, en los últimos años, las periodistas han sufrido acoso desde un nuevo frente: internet.

En la primera entrega de una serie de artículos sobre la violencia contra las mujeres periodistas, examinamos el caso de México, donde la violencia contra todos los periodistas ha alcanzado niveles récord, y donde el medio ambiente para ellas, especialmente las que abarcan temas sensibles como el crimen organizado, se ha vuelto especialmente hostil.

Jennifer Durham

Por Mariana Martínez Esténs

El 2 de Noviembre se celebraba el Día de Muertos en México —una celebración anual en la que se recuerda a los amigos y familia fallecidos y se les ayuda a pasar a la vida después de la muerte. Iluminados por las cálidas flamas de las velas, los periodistas mexicanos se reunieron en los altares en la ciudad de México para recordar a sus compañeros caídos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de cada tres periodistas asesinados en América Latina muere en México. Artículo 19, una organización en defensa del periodismo y la libertad de expresión con base en Londres ha documentado 326 ataques a periodistas en México desde 2014, 63 de ellos contra mujeres periodistas. Estos últimos se han incrementado de manera considerable de 32, durante la administración del presidente Calderón, a 59 en el 2013 y a 63 el año pasado, ambos con Enrique Peña Nieto en la presidencia. Van en aumento los casos en los que el blanco de ataque son mujeres periodistas que investigan temas delicados, tales como corrupción gubernamental, crimen organizado y los derechos de las mujeres y comunidades indígenas. El género es un componente clave de la agresión en un país donde el machismo está muy enraizado culturalmente. Artículo 19, ha documentado niveles sin precedentes de ataques cibernéticos contra mujeres periodistas en la primera mitad de 2015. En su informe dice, “en todos los casos hay lenguaje violento con connotaciones sexuales claras, discriminación, misoginia dirigida a entorpecer el flujo de información. En los casos documentados se ha detectado violencia que incluye acoso sexual, amenazas de violencia física, amenazas de muerte, mostrar fotografías y material de video privado sin el consentimiento de quien participa, fotomontajes dirigidos a estigmatizar y humillar en redes sociales”. Artículo 19 condena estos actos y el hecho de que muchos de ellos la investigación suele concluir que las amenazas vienen de las vidas privadas de las periodistas, citando crímenes personales, familiares o pasionales, devaluando así el trabajo periodístico y los verdaderos motivos de los ataques.

Photo credit: Knight Foundation via Foter.com / CC BY-SA

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) en su Índice Global de Impunidad 2015 —el cuál evalúa a los países en base a los casos de periodistas asesinados y cuántos son resueltos— coloca a México en el octavo lugar en la lista, solo superado por países en plena guerra tales como Sudán, Sri Lanka y Afganistán. El CPJ también documenta que van al menos 19 periodistas mexicanos dedicados a cubrir temas de crimen y corrupción que han sido asesinados, en total impunidad durante la última década. “Yo no sé qué sería trabajar en un país donde las amenazas son múltiples: pueden venir de políticos, del cártel de drogas, de donde sea y no sólo estamos hablando de amenazas sino de ejecuciones” dijo la periodista de Charlie Ebdo, Zineb El Rhazoui, -también activista de los Derechos Humanos-, en la feria del libro de Oaxaca. “Lo que yo sé es que cada vez que un país está enfermo, cada vez que una enfermedad toca un país siempre son los periodistas quienes pagan el precio” agregó. Mientras que el resto de México sufría altos niveles de violencia, incluyendo ataques en contra de escritores y reporteros, la ciudad de México era percibida hasta hace muy poco como uno de los pocos lugares seguros en el país. Pero esta percepción cambió en julio de 2015, cuando  Rubén Espinosa y otras cuatro personas incluyendo una prominente activista de derechos humanos, fueron torturados y asesinados en esa ciudad. Espinosa, había cubierto la represión policíaca en contra de manifestantes y había huído de Veracruz —uno de los estados más peligrosos de México—un mes después de haber recibido amenazas. Hasta Diciembre este caso no había sido resuelto. Laura Castellanos, una periodista veterana que trabaja en temas de los derechos de las mujeres y comunidades indígenas, así como en conflictos armados, ha recibido múltiples amenazas en sus 30 años de ejercicio periodístico incluyendo el allanamiento a su casa de la ciudad de México en 2010. Accede a hablar pero advierte que desde hace mucho que su teléfono está intervenido por las autoridades.

Photo credit: Knight Foundation via Foter.com / CC BY-SA

“Vivimos en una impunidad total porque no se investiga, no se encarcela y no hay reparación del daño. En muchas ocasiones se tiende a ver por separado el asunto de la violencia criminal, carteles por un lado y gobierno por el otro, cuando vivimos en un narco-estado” . “Si un periodista toca un tema que tiene que ver con la defensa de una comunidad ante un despojo, en eso no solo hay una mafia de empresarios sino que están en contubernio con el gobierno de turno. Si están funcionando esos carteles es porque hay una cadena de responsabilidades y vamos a tocar intereses en ese sentido”. Es precisamente esa mezcla de criminalidad y gobierno que dificulta la denuncia y castiga a quienes agreden a los periodistas como represalia a su trabajo. “En el momento que un periodista pone una denuncia se mueven resortes para impedir que se avance en las investigaciones que puedan señalar al responsable -que está inserto en el mismo sistema que debería de protegernos-” señala Castellanos. Un camino peligroso Norma Araceli Alarcón, a quien todos llaman Buba (muñeca en hebreo) es una periodista independiente de 32 años. Como manera de protección siempre esta moviéndose, viviendo veces en Chihuahua, Ciudad Juárez y pasando temporadas en las alejadas de la sierra de Chihuahua. “A mi los policías ministeriales, son los que más miedo me dan. Durante las coberturas suelen amenazar diciendo cosas como:  “usté aquí tan jovencita” te vulnerabilizan, de que estas chiquita, delgadita, jovencita  “¿que estás haciendo en eso?, es muy peligroso, todo te puede pasar”.  Una vez dijeron entre ellos “está tan chiquita que la echamos a la camioneta y ni quien se entere”…y yo temblando buscando mi grabadora. Porque ahí solo tienes tu grabadora para defenderte”, cuenta Alarcón. CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer A.C.) es una organización sin fines de lucro creada hace 26 años, especializada en periodismo con perspectiva de género. El colectivo ha documentado violencia de género contra periodistas mujeres, como represalia a su trabajo crítico e independiente. En su último informe, CIMAC documenta 47 casos de agresión contra periodistas mujeres en 2013. El promedio de edad es de 30 años, la mitad de ellas son reporteras bajo contrato con un medio y 30% son madres. Lo que encuentran coincide con la experiencia de Alarcón con la policía; la mitad de las periodistas agredidas cubren la fuente de política y 32% de los agresores son servidores públicos -especialmente la policía estatal-. En uno de cada 5 casos hay violencia física incluyendo retener, empujar y jalar a las periodistas durante la cobertura de una noticia. CIMAC también encuentra que hay mucho más quejas interpuestas en comparación a 2012, pero ve un incremento en la “violencia institucional” que se refiera a actos de omisión, negligencia o contubernio al manejar dichas quejas. En ese ambiente hostil no es raro que muchas periodistas mexicanas no sean madres y quienes lo son, encuentren que las vulnera. Alarcón es madre de un niño de 20 meses, es madre sola. “A veces me arrepiento y digo ¿porque lo tuve, si lo que yo hago, con esto me vulnerabiliza?” Alarcón recuerda un periodo particularmente violento en la historia reciente del país. En 2008, el índice de homicidios se disparó en zonas como Tijuana y Ciudad Juárez donde cárteles rivales se disputaban codiciados territorios para el trasiego de drogas y muchas víctimas inocentes quedaron en fuego cruzado. “Para mí el 2008 fue lo peor y no precisamente por llegar al lugar donde estaban los cuerpos sino por toda la situación que envolvía esto: los ministeriales, los militares, los periodistas juzgando: cómo iba vestida, maquillada, donde andaba. La gente leyendo en el periódico que la víctima era una puta, cuando la víctima era una niña ¿de que van a tener culpa?” Censura en los medios Cecy Bencomo (cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad) es una fotógrafa de 31 años que trabaja en una compañía multimedia en Chihuahua. Desde hace dos años ha estado trabajando de tiempo completo por apenas $240 pesos, unos $15 dólares americanos al día. Suele señalar bromas y lenguaje sexista en la redacción pero encuentra que los editores o periodistas más experimentados no ven la necesidad de cambiar la cultura periodística. “Tengo colegas que usan lenguaje sexista tanto dentro de la redacción como en sus trabajos y cuando me quejo o cuestiono sus acciones me dicen que soy una feminista enojona o que soy demasiado delicada para estar en la redacción”. En marzo de este año, Bencomo hizo un reportaje de televisión sobre un mural en el centro de Juárez en honor al legendario músico Juan Gabriel. Las madres de mujeres desaparecidas —que se sospecha son víctimas de la violencia generalizada en la ciudad —exigen que esas paredes públicas también sean usadas para poner anuncios y letreros de sus familiares desaparecidos, pero las autoridades se han negado argumentando que eso “daña la imagen de la ciudad”. “Los directivos eliminaron  el trabajo del canal de YouTube y me dijeron que quitara la crítica que era apenas 18 segundos de un trabajo de casi 7 minutos. Ya no quise pelear pero ya entendí, creo que me iré de independiente, seguiré igual de pobre pero más libre”, dice Bencomo que está ahorrando para editar su documental sobre la vida nocturna en Juárez.

Photo credit: Knight Foundation via Foter.com / CC BY-SA

Los medios en México temen incomodar al poder porque sus presupuestos dependen en gran medida de la publicidad oficial. Los miembros de la prensa que retan a las autoridades enfrentan represalias, incluyendo perder su carrera. En marzo del 2015, la periodista de MVS Carmen Aristegui y su equipo editorial destaparon los regalos millonarios de un contratista al presidente y su familia, en particular la casa donde viven.  Por ello,  fue orillada a dejar su trabajo. Otro caso vigente es el de Sanjuana Martínez, dedicada a exponer el abuso sexual de sacerdotes que acaba de ganar una demanda a la revista Proceso -considerada habitualmente una publicación de izquierda-  por despido injustificado y censura de una investigación de pederastia que involucra al cardenal Norberto Rivera. El juez ordenó al medio a pagar 9 años de salarios caídos. “Esta ha sido una lucha prácticamente en solitario. No es lo mismo ser censurada y despedida injustificadamente por la Revista Proceso que por MVS o Televisa, aunque debería de serlo sin considerar la línea editorial o la ideología. Esto no tiene nada que ver con la izquierda o la derecha, es un asunto estrictamente de justicia laboral”, dijo la periodista en su cuenta de Twitter. Elegir entre quedarse o el exilio A pesar de los riesgos las mujeres periodistas siguen cubriendo temas más riesgosos; Marcela Turati sobre los 43 estudiantes desaparecidos  Ayotzinapa, Lydia Cacho sobre la trata infantil y de mujeres y recientemente  hizo un reportaje sobre despojo de terrenos ejidales por parte de empresarios en Quintana Roo. También ya hay mujeres en el exilio: entre ellas Dolores Dorantes, que huyó de Ciudad Juárez hacia los Estados Unidos en 2011 luego de recibir una serie de amenazas por su trabajo criticando la violencia relacionada con el narcotráfico. Le fue otorgado el asilo al año siguiente. Ana Lilia Pérez, ha escrito de corrupción, tráfico de personas y crimen organizado en México, ha enfrentado una persecución legal en su contra, además de amenazas de muerte por su trabajo. “Un empresario corrupto me ofreció dinero, viajes y “garantizar mi futuro” a cambio de no publicar mis investigaciones sobre sus negocios ilícitos. Me negué y continué haciendo mi trabajo profesional con rigor. Entonces decidió demandarme. Lo hizo tantas veces que hasta perdí la cuenta. No sé ya a cuántas audiencias asistí, ni el número de testimoniales, confesionales…Nunca supe en qué momento mi vida se volvió tan complicada. Lidiar con abusos de poder, bloqueo informativo, acoso judicial, agresiones, amenazas de muerte, persecuciones, vigilancia, seguimientos, intercepción telefónica, todo solo por ejercer mi profesión”, cuenta en sus memorias. A pesar de que su trabajo de casos de corrupción de la petrolera PEMEX con contratistas la hizo con un colega varón, CIMAC documenta que en su caso, la mayoría de las acciones legales fueron en su contra. Ahora vive en Alemania. Las que siguen aquí, siguen tejiendo estrategias para navegar tempestades, incluyendo ser parte de colectivos independientes como Periodistas de a Pie o la Red de Periodistas de Ciudad Juárez, ambos espacios fundados y liderados por mujeres. Otras colaboran con periodistas varones, especialmente en ambientes de peligro. Castellanos recurrió a esta estrategia recientemente en Honduras donde ella y un periodista gráfico narran las estrategias de traficantes de personas para llevar a una niña indocumentada a Estados Unidos. “Llevábamos cámara escondida, fingimos ser una pareja que quería los servicios de un traficante.  Él llevaba la voz cantante, una actitud de firmeza. Lo hicimos con toda intención y toda estrategia para conseguir la historia” cuenta Castellanos. Mientras tanto, la periodista independiente Alarcón dice que la paciencia y la perseverancia le han ayudado a continuar informando sobre temas delicados. “Aquí en México está muy duro lo del fracking (técnica de fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional). Estuve en Pino Alto, para la sierra, donde trabajan minas canadienses que están dejando unos lagos kilométricos de ácido y otras que son de Carlos Slim que dejan lagos que son grises. Fui a una visitadita rápida por que es difícil entrar a la mina. Yo iba con las mujeres por un asunto de unas chicas que habían desaparecido pero no quise desaprovechar”, cuenta Alarcón. En lugar de publicarlo se lo pasó a un grupo de activistas del medio ambiente. “Me pesa, me frustra no poder publicar de todo. Antes me enfermaba, pero ya la llevo mejor. He aprendido a esperar el tiempo, si ahora no puedo sacar eso hay que esperar que llegue el momento y aliarse con alguien más fuerte que me pueda ayudar a sacar eso y seguir contando la verdad”, dice Alarcón.  Casos más recientes  El sábado 21 de Noviembre dos periodistas denunciaron públicamente que sus hogares fueron allanados. Una es la periodista de investigación Anabel Hernández, la otra es Gloria Muñoz Ramírez columnista de La Jornada y directora del medio de izquierda Desinformémonos. A pesar de que solo fueron robados objetos de poco valor, en el caso, ocurrido el 4 de noviembre, hay videos de vigilancia que muestran a una mujer y a tres hombres que, sin ocultar sus rostros, entran a su casa y buscan entre sus cosas.  Hernández es conocida por escribir sobre el famoso narcotraficante Chapo Guzmán y ha estado investigando sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Su trabajo publicado en la revista Proceso, en Univisión y el Washington Post apuntan a la participación de funcionarios públicos así como el uso de tortura para que los acusados se auto incriminen. En el caso de Muñoz, cuando regresó a su casa la noche del 20 de noviembre encontró su puerta abierta (sin forzar), huellas de botas en toda la casa, toda su ropa en el suelo, y habían desaparecido varios de sus cuadernos de notas. El mismo día de las denuncias se encontró en Veracruz el cuerpo del fotógrafo Juan Carlos Landa, que llevaba diez días como desaparecido.