Mujeres, El Eslabón Más Débil En La Cadena Del Narcotráfico

Al contrario de lo que se ven en las películas o series de narcos, las mujeres envueltas en el narcotráfico no son las grandes lideresas ni jefas de carteles. Muchas veces las encarceladas son rara vez una amenaza seria, y la mayoría es detenida por tareas de bajo nivel como transporte de droga, preparación o como mulas.

De las 1.409 mujeres encarceladas en Ecuador, un 54,8% es por delitos relacionados con drogas y en su gran mayoría por microtráfico, es decir el expendio de cantidades mínimas. Estas son cifras del Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), que regula el proceso de rehabilitación en el país.

Se trata de un porcentaje cercano al de América Latina, pues el Institute for Criminal Policy Research estima que más del 60% de la población carcelaria está privada de libertad por delitos vinculados a las drogas. 

Como explica Vivianne Almeida, activista y defensora de los derechos humanos, “no se puede justificar un acto ilícito, pero sí se las escucha y analiza el tema de manera más integral nos damos cuenta que de alguna manera hay una sociedad que las encamina a esto”.

Esto es un retrato construido a partir de personas que las conocen como Almeida, de funcionarios públicos que trataron de rehabilitarlas o de familiares que han vivido con ellas hasta que se convirtieron en víctimas colaterales de la guerra contra el narcotráfico en Ecuador.

Solo para tener una perspectiva en 2021, según cifras del Gobierno ecuatoriano, se decomisaron 201 toneladas de drogas, una cifra récord en el país.

Acorraladas y en prisión

En abril de 2020, en el pico de la pandemia de Covid-19 en Ecuador y cuando los cadáveres se contaban por miles en Guayaquil, Vivianne Almeida y su equipo de las Dirección Municipal de la Mujer ingresaron al Centro de Privación de Libertad N° 2 de Guayas.

Es el nombre formal de la cárcel de mujeres, ubicada en la vía a Daule, en el norte de Guayaquil. Es una avenida ruidosa, llena de locales de comida y de construcción. Se encuentra junto al penal de varones y solo separado por un muro de concreto.

Allí Almeida, directora municipal, conoció a quien llamaremos ‘Linda’, una joven que sigue tras las rejas porque su expareja traficaba drogas en la ciudad.

“Ella nos contó que si bien sabía que su pareja estaban en alguna situación ilícita, no le preguntaba por miedo y porque decía ‘aquí vivo con mis hijos y dependo de él para comer’”, señala Almeida.

‘Linda’ cayó presa luego de un allanamiento en su vivienda donde encontraron la droga, e incluso “la pareja terminó acusándola”.

Según Almeida, las historias de abuso de poder sobre las mujeres son comunes en las prisiones. “Cuando entramos no lo hicimos como un ente de justicia, pero ellas nos contaban que habían cometido delitos por necesidad, por sus hijos y hasta por amor”.

“Son peones, utilizadas, manipuladas y hasta acorraladas por la necesidad. Las bandas identifican estas carencias y en el caso de las migrantes saben cómo buscarlas y les pintan que es algo sencillo y de una sola vez”, agrega Almeida.

La psicóloga Rebeca Triviño,  quien trabaja con jóvenes que buscan salir de las drogas, dice que el discurso es claro: “El hombre sigue teniendo el predominio en la estructura de poder y en los delitos de narcotráfico”.

Las intervenciones de Almeida y su equipo duraron más de un año en el penal femenino, pero luego explotó la crisis carcelaria en Ecuador, que desde febrero de 2021 hasta la presente ha dejado 269 presos asesinados.

El Gobierno ecuatoriano ha reducido la emergencia en los penales a una disputa entre bandas ligadas al narcotráfico. No hay víctimas femeninas producto de los motines carcelarios, pero la cárcel de mujeres está junto a la de varones, y por ello ha convertido en un escenario donde las balas pasan junto a las prisioneras y sus hijos.

Los muros de la cárcel de mujeres son vulnerados para desde allí ingresar armas y droga. “Esto lo saben las autoridades del SNAI y la Policía penitenciaria”, asegura la abogada Martha Macías, quien fue directora de la prisión femenina en 2018.

Cuando Almeida y el Municipio de Guayaquil decidieron entrar a la cárcel de mujeres fue por la falta de ayuda a las presas. “Se piensa que una vez que están ahí pierden sus derechos”.

Ahora, el programa de rehabilitación está detenido y en busca de una alianza con el nuevo Ministerio de Derechos Humanos, creado bajo el gobierno de Guillermo Lasso.

Pero durante más de un año, Almeida y su equipo llegaron a la cárcel con brigadas de salud, computadoras, educación, kits alimenticios y hasta algo tan básico como toallas sanitarias.

Las víctimas perfectas

Desde un barrio en el noroeste de Guayaquil, llamado Bastión Popular, ‘Pedro’ acepta hablar telefónicamente con WAF. Tiene miedo porque según dice “todas las noches hay camionetas que rondan la casa” desde que su hija murió.

En esa vivienda de construcción mixta, una parte de caña y otra de cemento, ‘Pedro’ crió a ‘Claudia’ hasta los 16 años. A esa edad salió embaraza de un vecino, quien nunca se hizo cargo del niño de cinco años que vive con él.

“Mi hija trató de trabajar en muchos lugares como cajera o en limpieza, pero como no había terminado el colegio, no la cogían”, cuenta este hombre.

Un día ‘Claudia’ conoció a quien sería su pareja por dos años hasta que murió en el cantón El Empalme (provincia del Guayas), mientras iban en un auto en noviembre de 2021.

Un parte policial reportó que el carro fue interceptado por una moto, un sujeto se bajó y les disparó a ambos utilizando la modalidad del sicariato.

‘Claudia’ ahora forma parte de las estadísticas de la Policía Nacional: 3.023 muertes violentas entre 2021 y los primeros dos meses de 2022. De estas, 228 son mujeres y en la mayoría son asesinatos selectivos porque sus parejas estuvieron vinculadas al narcotráfico.

Para este padre, la joven de 21 años era más que un dato policial: “Ella siempre hablaba que quería trabajar en un gabinete de belleza, y estuvo tratando de estudiar, pero luego conoció a este hombre, y supe que él vendía cosas, nunca le pude decir nada”.

El crimen violento de esta joven también puede ser catalogado como un femicidio, según la Fundación Aldea, que trabaja con mujeres en el país.

“Son delitos en los que la disputa entre bandas delincuenciales se expresa a través del ejercicio cruel de la violencia patriarcal sobre los cuerpos de las mujeres”, dice la Fundación.

Y para la organización, 2021 fue en año donde las mujeres fueron las víctimas perfectas: pobres, en desigualdad y utilizadas. “El cuerpo de las mujeres es utilizado como botín de guerra entre bandas”.

Vulnerables y sin muchas opciones

En 2018, cuando Martha Macías estuvo al frente de la cárcel de Mujeres en Guayaquil por un año pudo levantar un estudio sobre la situación precaria de las prisioneras.

“Tenía mujeres durmiendo en el piso o en colchones en un pabellón abandonado”, recuerda Macías, que pasó por el penal de varones durante cuatro meses.

El análisis que hizo en la prisión femenina le sirvió para cuantificar el hacinamiento, puesto que en una cárcel para 400 personas convivían 980. “Ahora hay un número menor, pero siguen hacinadas y sin una rehabilitación real. Así es muy difícil dejar atrás los delitos”.

Macías expresa que las mujeres detenidas por drogas reciben condenas demasiado largas o guardan prisión preventiva sin que el caso se resuelva. “Hay penas de hasta 10 años por microtráfico”.

¿Cuál es el perfil de quienes caen en la cárcel por narcotráfico? Al igual que otros delitos, Macías señala que el censo realizado mostró que “son jóvenes, que migran de interior del país, que se hicieron de compromiso a los 12 o 15 años, muchas son huérfanas o escaparon de sus casas. Y casi siempre aceptan cometer el ilícito por pedido del marido”.

Dice ella que todo son retratos de vulnerabilidad, presas fáciles para caer en la delincuencia.

Almeida, funcionaria municipal, también señala que son mujeres sin muchas alternativas. “No han tenido educación ni recursos económicos o conciencia para escapar de la violencia”.

Por ello, ven como “normal” cometer un delito por pedido de sus parejas, “y luego muchas veces las juzgamos y les decimos ‘¿por qué no pudieron dejar al marido?’”.

Hay otros factores como la pobreza y la falta de empleo. En el país, el 27,7% de personas son pobres, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) con información hasta diciembre de 2021. Mientras que la pobreza extrema alcanzó el 10,5%.

El 6,7% de las mujeres está desempleado y cuando golpeó la pandemia, el virus las encontró vulnerables y trabajando en el sector informal en las calles. El 18,5% del subempleo tiene rostro femenino, es decir trabaja menos de las horas formales, gana menos ingresos y no está asegurada.

“Todo ha sido en cadena, la pandemia exacerbó el desempleo limitando  el acceso a oportunidades y el desarrollo social de las mujeres”, señala la psicóloga Triviño.

Una vez que las mujeres ingresan al mundo delictivo la situación no cambia. Ellas no se vuelven jefes ni dueñas de sus vidas. Al contrario siguen violentadas, “el abuso que se ejerce sobre ellas es completo, físico, psicológico y sexual”, añade Triviño.

Para la psicóloga, hay pocas oportunidades de dejar esta actividad ilícita. “En 2016 pude tratar psicológicamente a algunas mujeres de un centro penitenciario del Guayas y se notaba que habían tocado fondo, habían perdido la libertad, a sus hijos y su salud”.

Si hay  una palabra que repiten tanto Triviño, Almeida del Municipio, o la abogada Macías, es prevención.

Para las tres profesionales, hay que abordar las causas y llegar con oportunidades a los barrios donde están las niñas y adolescentes que luego terminan en la cárcel. En 2021, más de 2.000 mujeres fueron encarceladas por delitos vinculados a las drogas, señalan datos oficiales.

“Cuando hay pobreza y violencia es como un callejón sin salida y ellas están en una esquina sin mayor opción. Hay que hacer mucho trabajo en prevención y educación, es una deuda histórica de la sociedad con las niñas”, dice Almeida.

Pero desde el Estado ecuatoriano hay pocas políticas públicas y recursos, reconoce la abogada Macías. “Los programas no están orientados a tratar las causas en los barrios, y lo esfuerzos que hay son pocos y algunas veces dependen de fundaciones”.

Ecuador es una nación donde la protección social a las niñas, adolescentes y mujeres sigue pendiente. Para muestra están las cifras del Ministerio de Derechos Humanos: 3.000 niñas se convierten en madres a la fuerza cada año y siete de cada 10 sufren abuso sexual. Ella sin muchas opciones de por medio están obligadas a repetir círculo de violencia de sus madres o familiares.